El 4 de octubre se llevo  a cabo en Mar del Plata la Reunión Ministerial de Salud del G20 bajo la presidencia de Argentina. El objetivo del encuentro es comprometer a los países participantes en una declaración común, con una lista de objetivos concretos y un compromiso efectivo para su cumplimiento a nivel mundial.

Si bien pareciera existir un consenso general en cuanto a que la salud pública debe ser una prioridad a nivel mundial, lograr el compromiso de todos los países en políticas específicas no resulta sencillo.

Si se propone avanzar sobre los principales desafíos de los sistemas de salud, el rol de las nuevas tecnologías médicas resulta sumamente relevante. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han aumentado progresivamente sus esfuerzos para apoyar iniciativas en todo el mundo tendientes a la mejora de la gestión de los sistemas de salud pública. Para ello, la incorporación de nuevas tecnologías (medicamentos, procedimientos y dispositivos) de manera sustentable resulta muy significativo para que nuestros países puedan asegurar el ejercicio de uno de los derechos humanos universales: el derecho a la salud.

Ahora bien, para garantizar el acceso a estas tecnologías de salud es preciso adoptar la combinación adecuada de políticas sanitarias, normas de propiedad intelectual y parámetros de política comercial. La coherencia de esta combinación resulta clave para encontrar soluciones sostenibles. Vemos, entonces, que una de las principales herramientas para avanzar en este camino es, necesariamente, la innovación.

En los últimos tiempos, en nuestro país, ha comenzado el debate respecto de las políticas públicas necesarias para incentivar la innovación médica y la forma de asegurar el acceso equitativo a todas estas tecnologías médicas esenciales para nuestra población.

Un elemento importante para alcanzar este objetivo es el sistema internacional de patentes y la manera en que los gobiernos lo aplican en función de las necesidades de sus países. Recordemos que el sistema de patentes, correctamente utilizado, está diseñado para fomentar la innovación y ofrece un mecanismo para que la sociedad tenga acceso.

En este contexto, la industria farmacéutica depende en gran medida de los derechos exclusivos conferidos por una patente para recuperar la inversión en investigación y desarrollo, como lo demuestra la gran cantidad de solicitudes de patente en el ámbito de la tecnología médica presentadas con arreglo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de la OMPI. Siendo así, el respeto por la propiedad intelectual e industrial es uno de los factores primordiales que las empresas tienen en cuenta al momento de decidir sus acciones de inversión en un país determinado.

En el mes de febrero de este año, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos publicó el índice Create, el cual aporta fundamentos para afirmar que las economías florecen y prosperan cuando los gobiernos reconocen el valor de establecer un sistema robusto de propiedad intelectual poniendo foco en la construcción de marcos legislativos, regulatorios y judicial que lo incentiven. En esta investigación, se encontró que Argentina ha alcanzado un puntaje de 11,55 (sobre un máximo posible de 40) y se ubica en el puesto 46 de 50 economías medidas.

El aporte de la innovación médica y farmacéutica en la prolongación y la mejora de la calidad de vida de nuestra población es un hecho significativo, que ha puesto a la Argentina como un país de referencia a nivel mundial. Mantener y garantizar que nuestra población siga accediendo a soluciones innovadoras que permitan mejorar su salud demandará de nuestro sistema resolver el necesario debate respecto de los marcos normativos que fomenten el desarrollo de estas, ofreciendo a las empresas el marco adecuado de propiedad intelectual para explotar el potencial de inversión con el que cuenta nuestro país.

Fuente: Infobae